Iglesia, condones, muerte

 

Juan Antonio Aguilera Mochón*

 

Estos días se han generado unas expectativas extraordinarias en España ante la eventualidad de que la Iglesia católica aceptase el uso de condones como medio para prevenir la transmisión del sida. Se produjo una rápida excitación y una felicitación precoz casi generalizada, pero algunos aplicaron el procedimiento de la ‘marcha atrás’ y no se culminó lo que habría sido una magnífica noticia: acabamos viendo, impotentes, que todo ha quedado como estaba, el uso del condón es inmoral. Sin embargo, este asomarse a lo que podría ser y no es nos permite reflexionar sobre el asunto con perspectiva.

        ¿Qué supone el rechazo de la Iglesia a los condones, y a los métodos anticonceptivos en general? ¿No tiene más trascendencia que la que le quieran conceder los católicos adultos, informados y con posibilidades de elección con su mayor o menor acatamiento? Si fuera así, tal vez no habríamos de preocuparnos mucho en países como el nuestro, donde en general hay acceso suficiente a la información para que cada cual decida, y, de hecho, parece que la mayoría de los católicos españoles opta por utilizar métodos anticonceptivos, y en particular, aprueba el condón como anticonceptivo y defensa frente al sida.

        Sin embargo, ocurre que la Iglesia no se conforma con dictar normas para que las sigan quienes quieran, sino que llega a mentir descaradamente para respaldar su doctrina –en el asunto que nos ocupa, al afirmar que los condones no previenen el sida– y pretende, hasta donde lo permiten sus posibilidades, que aquellas normas afecten a todo el mundo. Y, dados su gran poder y su enorme influencia, consigue un importante efecto a escala planetaria sobre las políticas de control de la natalidad y de defensa contra el sida. Lo cual significa que la Iglesia promueve una ingente cantidad de nacimientos de personas abocadas a la desnutrición y a la miseria (esto le supuso enemistarse con la no precisamente extremista UNICEF: le retiró su apoyo por defender la anticoncepción en países donde los niños se mueren de hambre). Y fomenta una profusión de contagios de sida (ya saben, la enfermedad que, según la ministra de Sanidad, cada semana causa tantas muertes como el reciente tsunami), pues, siendo otra la actitud eclesiástica, en buena medida podrían haberse evitado. La Iglesia ocasiona, por tanto, muerte y extraordinario sufrimiento a una escala que creo que distan mucho de alcanzar los generalmente considerados peores fanatismos, cargados de odio. Obviamente, entre sus objetivos no está el causar muerte y sufrimiento. En la actualidad (no hablemos ahora de otros tiempos), ni pretende matar a nadie, ni utiliza el terror como medio para alcanzar sus fines, ni persigue el exterminio sistemático de un grupo humano, por eso no cabe utilizar palabras como terrorismo o genocidio. De hecho, se la suele considerar la organización benéfica por antonomasia. Pero por eso resulta más perversa su acción: desactiva mecanismos de defensa. El que la Iglesia se proclame la gran defensora de la vida parece hacer aceptable lo que de otro modo no sería tolerado. No voy a discutir que lo que quiere la mayoría de los católicos es extender el bien… pero la muerte y el sufrimiento son, más que efectos colaterales, consecuencias directas de las afirmaciones y las acciones de la Iglesia en materia sexual, y la Iglesia es plenamente consciente de ello. La Iglesia no busca activamente la muerte de quienes no la siguen, pero sí lucha con ardor para que quienes no la siguen puedan evitar la muerte mediante procedimientos que contravienen su doctrina sexual. Se trata de un grado extremo de intolerancia, integrismo y fundamentalismo. Las tareas humanitarias de la Iglesia en absoluto pueden compensar esos estragos. El perjuicio específico que, al margen de lo ya comentado, ocasiona la moral sexual católica en los homosexuales (negándoles su ser) y en las mujeres (negándoles la emancipación biológica) es más difícil de ponderar por no ser cuantificable como las muertes o los contagios, pero piensen en una sola niña o niño o adolescente homosexual a quien hacen creer que su tendencia sexual es una aberración antinatural, una enfermedad. Esto es una mentira palmaria, una afirmación anticientífica y tremendamente cruel, capaz de provocar daños difíciles de reparar.

        En mi opinión, es urgente reconocer estos hechos evidentes, pero invisibles aparentemente para la mayoría, para ponerles freno. Es preciso ser conscientes de que estamos ante una organización que posee un Estado que dista de ser un Estado democrático de derecho, en el que se violan flagrantemente derechos humanos. ¿Saben que el Vaticano -la Santa Sede- no ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que hasta 2002, de 104 convenios de Naciones Unidas en defensa y promoción de los derechos humanos, la Santa Sede había suscrito solamente 12? En este sentido, está en los últimos lugares, detrás de países como Cuba, China, Irán o Ruanda. Como reconocen con dolor algunos teólogos católicos, el Vaticano no puede aceptar la igualdad de derechos de hombres y mujeres (éstas simplemente no son admitidas en toda la jerarquía), ni la libertad de expresión y enseñanza sin sus particulares recortes, ni las garantías jurisdiccionales en el enjuiciamiento y medidas disciplinarias... En definitiva, el Vaticano se asemeja mucho más a un estado totalitario, a una monarquía absoluta represora y sexista que a un estado de derecho.

        Ante todo lo expuesto, me hago y les hago estas preguntas:

        ¿No están perseguidas por las leyes unas iniciativas que conducen a una violación manifiesta de derechos humanos básicos, que propagan la muerte y el dolor más atroces a escala mundial? ¿Cómo es posible que la organización que desarrolla esas iniciativas disfrute de privilegios de todo tipo en un país como España? En particular, ¿cómo se le puede conceder una asignatura para que transmita una doctrina con elementos mortíferos, fundamentalistas y anticientíficos en los centros de enseñanza públicos? y ¿cómo se puede permitir que esté al frente de centros de enseñanza privados, incluso si no se benefician del apoyo económico del Estado?

 

*Juan Antonio Aguilera Mochón es profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada y miembro de Granada Laica y Europa Laica.

 

(Artículo publicado desde el 29 de enero de 2005 en Argen Press, Unidad cívica por la República, La Insignia, Rebelión, A toda costa y Los pobres de la Tierra.org.)