Derecho humano
Rafael Hernández Urigüen/Profesor universitario. San Sebastián

Tres artículos publicados recientemente en esta sección cuestionan que la enseñanza religiosa haya de encontrar espacio en la escuela pública. El último, del profesor Aguilera Mochón, (24-11-06) llega a proponer: «La única solución a los problemas de la Religión en la escuela es que salga definitivamente de ella». Para mí, la «enseñanza estatal» (ésa sería la denominación más exacta, pues los centros de iniciativa privada se con- sideran «de interés público»), está al servicio del bien común y de los derechos ciudadanos. Uno de ellos, reconocido ya por la Declaración Universal de 1948, protege la libertad de enseñanza y la enseñanza de la religión «tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia» (artículo 18). En el artículo 26. 3 se añade: «Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos».

En España se aprobó en 1980 la ley de libertad religiosa, que enmarcaba así estos derechos: «Elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (Acentúese 'dentro y fuera del ámbito escolar'). Gobernando el PSOE, en 1992, se reconoció con otra ley el derecho a recibir enseñanza religiosa de la propia iglesia o comunidad en los centros docentes públicos y concertados.

Recibir enseñanza religiosa, también en los centros estatales, constituye un derecho humano inviolable, proclamado ya en 1948 frente a los lamentables experimentos de los totalitarismos nazi, soviéticos y fascistas. ¿Sería lógico defender con Pedro Larrea y el profesor Aguilera Mochón una involución en este logro para las libertades? ¿Es democrático negárselo al 80% de familias que lo solicitan?

 

(El Correo, 27-11-06)